ARAOZ

Hace algo más de un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, en el contexto de las protestas sociales entre el 7 de diciembre del 2022 y el 13 de enero del 2023, por la vacancia de Pedro Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte.
De inmediato sahumadores de incienso y mirra, iniciaron su tarea de loas y lisonjas al susodicho informe, mientras que los detractores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no le encontraron al informe ninguna virtud.
Ambas posiciones antagónicas y extremas no ayudan a una sana crítica, tan necesaria en un país como el nuestro, que entró en una espiral de violencia que obliga a la búsqueda de paz social con simultánea elevación de los niveles de vida de la población, tan golpeada por la pandemia al igual que por la protesta que se tornó violenta y vandálica.
El informe en cuestión tiene aciertos como el reconocer que el 7 de diciembre Pedro Castillo, al declarar la disolución del Congreso y la intervención en diversos organismos públicos, infringió la Constitución y fue pasible de su vacancia declarada por el Congreso y, la asunción de la Presidencia por la vicepresidenta Dina Boluarte, en legítima sucesión constitucional. También la CIDH reconoció la acción de otras altas autoridades en defensa del orden constitucional.
También fue positivo el reconocimiento de acciones de violencia y vandalismo ajenas al derecho a la protesta, al igual que nuestra normatividad sobre uso de la fuerza está acorde con estándares internacionales.
Igualmente exhortó a que se investiguen los actos de violencia y se dialogue en búsqueda de la paz social.
Entre los defectos del informe se encuentra la afirmación de presuntas violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas del orden, sin que hayan concluido las investigaciones. Lo que es peor obviando las agresiones de protestantes contra los policías y soldados, con saldo de muertos, heridos, lesionados y graves daños a la propiedad pública y privada.
Negativa también la crítica a la denominación de “terroristas” a quienes aterrorizaron con sus acciones a la población, así como la supuesta motivación de las protestas en la “desigualdad estructural” y “discriminación histórica” además de la “estigmatización” de poblaciones del Ande.
Igualmente es falaz la afirmación de que la actividad “extractivista” no ha contribuido a la elevación de los niveles de vida de las poblaciones aledañas a las explotaciones mineras, cuando se puede verificar lo contrario, así sea insuficiente.
La consideración de que existieron “ejecuciones extrajudiciales” es fantasiosa si es que no están todavía los resultados de las investigaciones. La pretensión de que no se use armas letales en ninguna circunstancia es desproteger a las fuerzas del orden.
Como corolario aseveró el informe que deberían ser atendidas las protestas, ignorando que ellas fueron para reponer a Pedro Castillo, retirar a Dina Boluarte, cerrar el Congreso y adelantar elecciones. Nada de ello es posible sin variar la Constitución.
Queda pendiente estudiar serena y responsablemente lo que conviene al país, esto es mantenerse en el SIDH con los defectos que el tiene, hacerle adecuadas modificaciones o retirarnos del mismo.